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Necesario impulso a la lucha contra el fraude fiscal

Resulta paradójico en los tiempos que corren la escasa atención que se presta a la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito local. Lo que venía siendo un canto al viento de algunos aguerridos Ayuntamientos tiene ahora más que nunca el carácter de obligación exigible como se deduce de los siguientes fundamentos:

  1. La nueva Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
  2. La generalización de los Planes de Ajuste aprobados en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que buscan la senda ascendente en los ingresos corrientes que permitan asegurar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.
  3. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en línea con lo anterior, que impone la sostenibilidad financiera como un principio básico de la política económica.
  4. El artículo 31 de la Constitución Española, que proclama que proclama la obligación de todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. En términos de la exposición de motivos de la citada Ley 7/2012, “La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca”.

Sin embargo, en la esfera local falta el convencimiento de que la Administración Tributaria Local tiene las mismas prerrogativas y obligaciones que la estatal. No olvidemos que el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales (…), dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Según se recoge en el título tercero (procedimientos tributarios) de la LGT 58/2003, de obligatoria aplicación según expresa remisión efectuada por el TRLRHL, la aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias (art. 83). En línea con lo anterior, el art.12 del citado RDLeg 2/2004 dispone que la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en ese título, correspondiendo a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la aplicación de los tributos. Esta labor deberá realizarla la entidad local gracias a la habilitación normativa que, en cumplimiento del principio constitucional de la autonomía local, les permite adaptar a través de su potestad reglamentaria la normativa tributaria al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.

 

El desarrollo y ejecución de las facultades de inspección de la Administración Tributaria Local, de expreso reconocimiento legal, tiene hoy, por tanto, más sentido que nunca, y convierte en un ejercicio de responsabilidad la adaptación que las entidades locales realicen, tanto en medios técnicos como humanos, orientada a prevenir y sancionar las conductas fiscalmente insolidarias.

Última actualización el Jueves, 07 de Febrero de 2013 10:23
 

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